La administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, solicitó este jueves a la Corte Suprema que le permita avanzar con sus planes para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este pedido se basa en una teoría jurídica marginal que ya ha sido rechazada por diversos tribunales inferiores.
En sus apelaciones de emergencia, el gobierno de Trump argumentó que los tribunales inferiores se excedieron al emitir órdenes judiciales nacionales que bloqueaban esta política, solicitando a los jueces que restringieran su impacto.
Sin embargo, los tribunales de apelaciones desestimaron la solicitud de Trump para suspender los fallos de los tribunales inferiores que imponían esas órdenes judiciales universales.
El Departamento de Justicia indicó que estas órdenes han adquirido proporciones "epidémicas" desde el inicio de la administración actual.
Aseguraron que las órdenes judiciales prohíben la aplicación de un decreto presidencial firmado en el primer día del segundo mandato de Trump, el cual afecta a "cientos de miles" de personas no identificadas ni ante el tribunal.
La interpretación histórica de la 14ª Enmienda
Durante más de 150 años, los tribunales han entendido que la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Esta interpretación fue confirmada por un fallo histórico de la Corte Suprema de 1898, y la corte moderna no ha mostrado interés en revisar este precedente.
No obstante, algunos conservadores argumentan que esta interpretación es incorrecta. Señalan una frase en la 14ª Enmienda que establece que el beneficio solo se aplica a las personas que están "sujetas a la jurisdicción" de los Estados Unidos.
Según esta teoría, los inmigrantes indocumentados estarían sujetos a la jurisdicción de su país de origen y no de Estados Unidos.
Con información de CNN
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