El caos en el Estadio Corregidora de Querétaro ha generado toda clase de expectativas respecto al futuro del club Gallos de Querétaro. Con todo, su historia está llena de turbulencias que en buena medida representan un microcosmos del país en el que vivimos.
Un ejercicio de memoria no viene mal para entender las conexiones entre dos mundos que habitan a México: el de la factualidad y el de la política, jugando a la pelota.
La compra del futbolista. En 2004, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que uno de sus antiguos propietarios había sido Tirso Martínez Sánchez, colaborador de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, entonces uno de los máximos jefes del cártel de Sinaloa.
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Martínez Sánchez, quien tiene media docena de sobrenombres que incluyen “El futbolista”, se dedicó al trasiego de narcóticos y al lavado de dinero, colaborando con Amado Carrillo para el cártel de Juárez y posteriormente, para Sinaloa, al menos entre 1995 y 2003.
Los mercados que atendía con sus cargamentos de cocaína eran Nueva York, Los Ángeles y Chicago, en los Estados Unidos.
Buscando adonde invertir sus ganancias, encontró una opción en la compra de equipos de futbol: las franquicias de Querétaro e Irapuato, Venados de Yucatán y La Piedad.
Alberto de la Torre, entonces presidente del gremio futbolero rememoró ante distintos medios de comunicación que, tanto el club Querétaro como el Irapuato no contaban con la solvencia suficiente para ser manejados. Cuando se percataron de lo que estaba detrás de esos equipos, se valoró la compra de estos.
La Federación Mexicana de Futbol había practicado auditorías a ambos clubes e identificó el origen de sus caudales. Para evitar un escándalo, la Federación optó por desafiliarlos, justificando su decisión con la reducción de 20 equipos, a 18.
Al final del cuento, compraron ambas franquicias y las mantuvieron en reserva.
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Se calcula que la Federación Mexicana de Fútbol invirtió unos 14 millones de dólares para comprarle a Tirso Martínez Sánchez las franquicias de Querétaro e Irapuato, en un momento en el que ya se tenía certeza de las actividades criminales del antiguo propietario.
En otro punto, Martínez señaló haber comprado a La Piedad en 2 millones de dólares y lo revendió en 10 millones, lo que señala la necesidad de buscar otros equipos para lavar su dinero e incrementar su margen de ganancias.
Martínez Sánchez fungió como testigo en el juicio contra Guzmán Loera y en diciembre de 2018 fue cuando dio detalles de la venta de los equipos que compró y vendió.
Tras ser detenido el 2 de diciembre de 2014 en León, Guanajuato, fue extraditado en 2015 a Estados Unidos y en 2016 se declaró culpable de distribuir toneladas de cocaína en ese país. Se decía que estuvo a un paso de recibir cadena perpetua, pero sus testimonios en el juicio contra Joaquín Guzmán le dieron una enorme reducción en la pena. La corte de Brooklyn lo condenó a siete años de prisión.
La conexión con Libertad. En julio de 2019, una investigación del periódico Reforma señaló que Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros) pagó 7 millones de dólares a Tirso Martínez por el club Querétaro, negociando directamente con él.
Poco a poco se fue indagando que la venta del club Querétaro en 2002, había estado operada por el abogado Juan Collado. En declaraciones judiciales llevadas a cabo en junio de 2021, el empresario Sergio Hugo Bustamante Figueroa informó que José Antonio Rico y Juan Collado emplearon créditos otorgados por Libertad Servicios Financieros S.A de C.V. para comprar a los Gallos Blancos.
Bustamante Figueroa informó que, en 2002, José Muñoz, al parecer, operador de Tirso Martínez) les ofreció a él y a José Antonio Rico (quien era uno de los dueños de Caja Libertad) al club Querétaro y al final acordaron un pago de ocho millones de dólares. El pago se llevó a cabo mediante un sinnúmero de conceptos a distintas empresas de Martínez.
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En 2013, José Antonio Rico vendió el equipo en 8 millones de dólares a Amado Yáñez Osuna, (dueño de Oceanografía), a quien había conocido a través de su socio Martín Díaz Álvarez.
Cuando inició la pesadilla de Amado Yáñez, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) subastó a los Gallos Blancos, mientras que aquel fue enviado a prisión.
Imagen y Oceanografía. En 2014, la presentadora Inés Sainz pretendió comprar la franquicia, pero, Olegario Vázquez Aldir anunció que Grupo Imagen había adquirido el club. Sainz se inconformó por un presunto contubernio entre funcionarios del SAE y de la PGR, en el entendido que el “dueño” era Amado Yáñez.
Sainz aseguró contar con pruebas y señaló que fue vilmente engañada, pero Vázquez Aldir, se quedó con el equipo.
En su momento, Oceanografía hizo un pronunciamiento público, en el que señalaba que “Gallos Blancos no fue subastado, sino que la venta estuvo a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien lo vendió de manera directa”.
También señaló en su comunicado que “Yáñez Osuna no tiene ningún tipo de vínculo con Juan Collado, pues el abogado se incorporó a Caja Libertad hasta 2015, así como tampoco tiene ninguna relación con Hugo Bustamante”.
Tras la debacle de Sainz y la victoria de Vázquez Aldir, la presidencia del equipo quedó a cargo de Ernesto Rivera Aguilar, director general de Grupo Imagen Multimedia. En 2020, Imagen vendió al equipo que había comprado en 2014 al Grupo Caliente, de Jorge Hank.
En cuestión de meses, Grupo Caliente “revendió” al equipo a Gabriel Solares en junio de 2020, apoyado por Emilio Escalante, Greg Taylor, Jorge Santillana y Alfonso Solloa. Se entrecomilla la “reventa” porque los Hank serán dueños de la franquicia hasta que los compradores terminen de pagarla.
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Pero faltaban muchas sorpresas para llegar a la venta ciclónica de los Vázquez Aldir a los Hank y luego a empresarios locales, por un valor probable de 25 millones de dólares a plazos.
De Dublín a España. En febrero de 2014, la PGR cateó las oficinas de Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), del que fueran dueños los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, por una investigación relacionada con la compra de hidrocarburo robado.
Todo comenzó en enero de 2012, cuando la Procuraduría queretana logró desmantelar a una célula de huachicoleros en San Juan del Río y Huimilpan. En las investigaciones, los delincuentes comentaron que uno de sus principales clientes era GGM, alimentando a unas 60 gasolineras.
La investigación hizo que los Rodríguez Borgio vendieran gran parte de sus negocios a otras empresas locales, entre mayo y junio de 2012. Pero quedó un cabo suelto, indiciado por la PGR y socio de los dueños de GCM: Martín Díaz Álvarez; sí, el mismo que presentó a José Antonio Rico y a Amado Yáñez Osuna (dueño de Oceanografía).
Díaz Álvarez es sobrino del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, primo político de Juan José Suárez Coppel, ex director de Pemex; cuñado de Dionisio Arturo Pérez-Jácome, entonces representante de México ante la OCDE. Y en ese tiempo, presidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad.
En 2012, Javier Rodríguez Borgio había sido la cabeza de un grupo de inversionistas que, habían ofrecido comprarle las acciones de la Caja a José Antonio Rico, con el fin de hacerla un banco.
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Para 2013, la PGR conectó a Díaz Álvarez con los casinos Big Bola y presumió en ese momento que las gasolineras que las utilidades del huachicol se lavaban en la Caja Libertad y tales casinos.
En noviembre de 2021, Francisco Rodríguez Borgio, comenzó a ser buscado por enésima ocasión por la ahora Fiscalía General de la República. Martín Díaz Álvarez fue capturado en Miami, Florida en 2015. Otros involucrados optaron por irse a España, adonde han sido sorprendidos y fotografiados junto a Enrique Peña Nieto.
El 12 de julio de 2019, el periódico La Jornada escribió:
“Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado revelan que, en 2014, año en que la empresa Oceanografía (Osa) defraudó a Banamex con más de 5 mil millones de pesos, Caja Libertad servía para lavar dinero de Martín Díaz Álvarez, identificado como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera”.
No deja ser importante considerar, que, cuando Santiago Nieto, oriundo de Querétaro, dejó su encomienda en la Unidad de Inteligencia Financiera, se reactivaron las investigaciones contra Big Bola y Oscar Rodríguez Borgio.
Esta historia está muy lejos de concluir.
Al parecer, el equipo de Gallos Blancos tiene una memoria abundante que a pocos conviene y a muchos lacera.
Ya se verá hasta dónde llega a conectar los excesos del pasado con los tropiezos y sombras del presente.
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