A pesar de los otros datos y los operativos de las Fuerzas Armadas, las tomas clandestinas a los gasoductos de Pemex aumentaron 20 por ciento este año.
Entre enero y octubre de 2021 fueron detectados 2 mil 045 puntos de ordeña de gas LP en comparación con los mil 696 registrados en el mismo periodo del año pasado, con base en los reportes de la empresa petrolera.
El estado de Puebla es líder en tomas clandestinas a gasoductos con mil 300, que equivalen al 63 por ciento del total nacional.
De esas tomas ilegales, Tepeaca acumula 388 y le siguen Texmelucan con 127; San Matías Tlalancaleca con 122; Acatzingo con 108; Tlahuapan con 89; Los Reyes de Juárez con 87 y Amozoc con 80 casos.
Por entidad, a Puebla le siguen Estado de México, que registró 292 piquetes a gasoductos; Tlaxcala, con 222; Hidalgo, con 47; Querétaro, con 44, y Veracruz, con 33 tomas clandestinas de gas LP, según el reporte oficial de Pemex.
El aumento en el gaschicol se registró a pesar de que el Ejército vigila los seis principales ductos que son objetivo de los grupos criminales, informa una publicación de Reforma.
En Puebla, el ducto Minatitlán-México fue cerrado desde el 27 de diciembre de 2018 ante la constante ordeña de gasolinas, tras lo cual los grupos del crimen organizado se volcaron sobre los ductos de gas LP.
Así, el gasoducto Cactus-Guadalajara, que atraviesa Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Jalisco, y que representa el 67 por ciento de la capacidad total de transporte por ese medio, es ahora el más perforado por los delincuentes, de acuerdo con Pemex.
Los esfuerzos oficiales no son suficientes ante un crimen organizado que va con y por todo.
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El auditor Superior del Estado sabrá en 2022 si un juez federal lo amparará, contra la orden de aprehensión por violencia familiar que existe en su contra.
El Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado pospuso su fallo para el 5 de enero del 2022 debido a un error al momento de señalar la adscripción de la audiencia incidental que estaba programada para la mañana del 24 de diciembre.
El amparo lo tramitó el contador Francisco José Romero Serrano, en caso de que exista un mandato judicial en su contra por parte del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula a cargo de licenciada Karla Patricia Ambrosio.
El auditor, el pasado 23 de octubre, agredió a su esposa en el fraccionamiento La Vista Country Club. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula son los que habrían levantado la denuncia tras acudir a tomar conocimiento.
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Para que nadie se llame a engaño, de las 126 carpetas de investigación por delito de feminicidio abiertas entre 2019 y 2021 en el estado de Puebla, el 81 por ciento de los casos aún no son esclarecidos o sancionados informa el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Iberoamericana y coincide con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos.
Con base en datos de la Fiscalía estatal, sólo el 19 por ciento de los casos han concluido en sentencias condenatorias.
De acuerdo con el Instituto Ellacuría, la cifra oficial contrasta con los casos documentados por el Observatorio que registró 173 probables feminicidios en el mismo periodo, lo que indica que 47 casos no fueron considerados o registrados como feminicidio.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla llevó a cabo una investigación que contempla 136 expedientes de casos violentos contra las mujeres, de junio de 2019 a julio del 2020, de estos sólo 80 de ellos se informó sobre el inicio de una carpeta de investigación.
La demanda de justicia de los familiares de las mujeres víctimas aumenta todos los días y la autoridad tendrá que responder.
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Por conflicto entre sindicatos y adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, en los municipios de Huauchinango, Juan Galindo y Ahuazotepec no se aplicará el pago del Derecho del Alumbrado Público (DAP), aprobado por el Congreso del Estado de Puebla, la semana pasada.
Hay problemas entre los sindicatos Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y un adeudo de 30 mil cuentas de usuarios, por lo que se optó por no aplicar el impuesto ya que no hay condiciones.
El presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, indicó que el cobro no tendría ningún efecto en las arcas municipales, igual que en Juan Galindo y Ahuazotepec.
Huauchinango se quedó fuera del cobro del DAP por la irregularidad en los pagos del servicio, “de nada nos ayuda, no recaudaríamos nada si la gente no paga su consumo”, explicó.