Al dolor e indignación por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas siguió el temor. Exhibido el dominio del Cártel de Sinaloa en esta región, sus habitantes permanecen en alerta por la aparición de pintas con las siglas de una organización rival: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
José Noriel Portillo Gil, El Chueco, señalado como el responsable del doble crimen, fue líder conocido del grupo del Cártel de Sinaloa, el cual ha controlado más de 10 años el municipio de Urique, parte de Sinaloa y de Guazapares, de donde han huido familias completas de mestizos y rarámuris, a quienes grupos armados les han arrebatado sus tierras.
La impunidad que lo arropa desde el gobierno de César Duarte Jáquez hasta el actual, le permitió a El Chueco imponer su ley. Él ha provocado un sinnúmero de desplazamientos poblacionales que ha documentado Proceso en por lo menos los últimos ocho años.
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Él y su gente impidieron durante un lustro el aprovechamiento forestal, según admitió el exdirector forestal del estado, Refugio Luna; además El Chueco era conocido como patrocinador de un equipo de beisbol e impuso el miedo como mecanismo de control.
Urique, el municipio donde ha vivido desde niño y en el que más influencia tiene, alberga una gran población indígena rarámuri, ha sufrido los embates de los sicarios del Chueco, pues en gran parte del territorio se suspendieron durante años los rituales; además, a partir de 2014 ordenó a las autoridades incorporar a sus allegados a la nómina del ayuntamiento, según denunciaron habitantes de la comunidad El Churo ante la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos.
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En febrero de 2016 el presidente seccional de Bahuichivo, Noel González, huyó del pueblo tras recibir amenazas del grupo del Chueco. A González se le acusó de que el Ejército colocara un puesto de vigilancia temporal y por la aprehensión de dos integrantes del grupo; le dieron tres días para que se saliera. Tenía una tienda de abarrotes y una tortillería. Se fue con su esposa y sus cuatro hijos; los empleados de sus negocios también huyeron.
De acuerdo con los lugareños, en aquella época el grupo delictivo obligaba a empresarios de Urique y municipios circundantes a ceder habitaciones a los integrantes del cártel y sus familias cuando arribaban a la zona (Proceso 2081).
Testimonios recabados en las localidades indican que la organización criminal provocó el desplazamiento forzado de las familias indígenas de la comunidad El Manzano, Uruachi.
Con información de Proceso
*BC