La empresaria Isabel Miranda de Wallace, uno de los personajes más polémicos del sexenio de Felipe Calderón, falleció hoy a los 73 años en el hospital ABC de Santa Fe. Su trayectoria estuvo marcada por el controvertido caso Wallace, un montaje judicial construido en torno a la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, cuyo verdadero nombre era Hugo Alberto León Miranda.
Con el respaldo de Calderón, la fundadora de Alto al Secuestro tejió una red de influencias en los círculos policiacos y judiciales durante los gobiernos panistas. Su cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su colaborador Luis Cárdenas Palomino le permitió manipular investigaciones y ejercer presión sobre el sistema judicial.
En 2012, el PAN la designó como candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que no logró obtener. Sin embargo, continuó utilizando sus contactos en el ámbito político y mediático para sostener la versión de que su hijo fue secuestrado, asesinado y desmembrado el 11 de julio de 2005 en un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac.
Para sostener su narrativa, Miranda de Wallace impulsó una agresiva campaña mediática, colocando espectaculares en la ciudad, promoviendo acusaciones sin pruebas sólidas y encarcelando a siete personas, presuntamente responsables del crimen. Entre ellas, Brenda Quevedo Cruz, quien pasó 15 años en prisión sin juicio, hasta que en junio de 2023 se le concedió arresto domiciliario.
Con el paso de los años, la versión oficial del caso Wallace se fue desmoronando. Investigaciones de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos revelaron que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo tortura y que el caso se construyó con elementos dudosos, como una gota de sangre encontrada en el lugar siete meses después de la desaparición de Hugo.
El periodista Ricardo Raphael expuso en la revista Proceso que esta gota de sangre coincidía con el perfil genético de José Wallace Díaz, segundo esposo de Miranda, pero que esto no era posible, ya que el padre biológico de Hugo era Carlos León Miranda, primo hermano de la empresaria.
Pese a las numerosas inconsistencias, Miranda de Wallace mantuvo su versión, aunque el cuerpo de su hijo nunca apareció, y hay pruebas que ponen en duda su muerte.
El impacto del caso Wallace permitió que Miranda consolidara su influencia en el ámbito político y judicial. Con el empresario Alejandro Martí, fundó Alto al Secuestro, organización que impulsó una política de mano dura en materia de seguridad, en sintonía con la estrategia de guerra contra el narco implementada por Calderón en 2006.
En 2010, el expresidente panista le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos, pese a las crecientes dudas sobre la veracidad de su activismo. Su poder también la llevó a relacionarse con Eduardo Margolis, empresario vinculado al montaje judicial del caso Israel Vallarta, quien lleva 19 años en prisión sin sentencia.
Aunque en los últimos años su influencia decayó, Miranda de Wallace mantuvo conexiones dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Según Ricardo Raphael, utilizó estos contactos para hostigar a funcionarias de la CNDH y del IFDP, quienes documentaron torturas contra Brenda Quevedo.
En 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, la acusó de fabricar pruebas para extorsionar a jueces y magistrados. Un mes después, Miranda denunció a Zaldívar ante la FGR, señalándolo por corrupción y tráfico de influencias en el manejo del caso Wallace.
Su muerte cierra un capítulo en la historia judicial y política de México, dejando tras de sí un legado envuelto en polémica, denuncias de fabricación de pruebas y violaciones a los derechos humanos.
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